La transparencia sin árbitro: México después del INAI
El organismo que durante 22 años resolvió disputas entre ciudadanos y gobierno por el acceso a la información desapareció en 2024. Jalisco vive ahora un proceso paralelo con la extinción del ITEI.
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Durante 22 años, cualquier persona en México que quisiera saber cuánto gana un funcionario, qué contratos firmó una dependencia o por qué le negaron una solicitud de información tenía a quién acudir: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En 2024, como parte de una reforma que extinguió siete organismos autónomos, el INAI dejó de existir.
Sus funciones pasaron a un órgano nuevo, "Transparencia para el Pueblo", operado dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Al depender del Poder Ejecutivo, la nueva instancia ya no está obligada a rendir cuentas anuales al Congreso como sí lo hacía el INAI en su calidad de organismo autónomo.
Organizaciones como Artículo 19 y México Unido Contra la Delincuencia han documentado señales de deterioro en el ejercicio del derecho a la información: en los primeros meses del nuevo esquema, de 225,312 recursos de revisión recibidos, apenas 457 fueron resueltos. Para octubre de 2025 la cifra había mejorado, pero persisten fallas en la trazabilidad de los documentos entregados.
Jalisco atraviesa un proceso casi idéntico. El Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) fue extinguido, y en julio de 2026 el Congreso del estado aprobó una nueva Ley de Transparencia que crea la Agencia de Transparencia de Jalisco, la cual operará dentro de la Contraloría del Estado en lugar de mantenerse como órgano ciudadano independiente.
La pregunta ética de fondo no depende del color partidista de quien gobierne: es sobre el diseño institucional. Un árbitro que depende de una de las partes en disputa —el propio gobierno— enfrenta, al menos en el papel, un conflicto estructural cuando debe decidir si ese mismo gobierno actuó bien o mal al negar información.